Aunque muchos debaten acerca de la fecha exacta donde el término “obsolescencia programada” fue acuñado por primera vez, lo cierto es que en nuestros días es un concepto que seguramente se ha escuchado en más de una ocasión. Y es que la “obsolescencia programada” es un término que alude a la reducción o acortamiento de la vida útil de un producto de manera intencionada y planificada con el propósito de mermar su durabilidad y conseguir que los consumidores tengan que pagar por adquirir un “nuevo equipo o producto” para suplir al bien que ya no funciona y que en muchas ocasiones su respectiva reparación resulta inclusive más costosa que la adquisición de un producto nuevo.

Y es que, aunque la “obsolescencia programada” puede categorizarse en diferentes vertientes como: obsolescencia funcional y tecnológica, obsolescencia de calidad y obsolescencia psicológica, todas ellas comparten un punto en común, el de reducción de la vida útil de productos con el propósito de adquirir últimas versiones de estos, resultando en grandes ganancias por parte de compañías y empresas a nivel mundial.

Las consecuencias que trae consigo la adopción de políticas de “obsolescencia programada” en los productos y equipo que son ofertados no sólo repercute en el bolsillo del consumidor, sino que al aumentar la fabricación de más productos se llega tanto al agotamiento de recursos naturales para la manufactura correspondiente, como a una mala y deficiente gestión de componentes y residuos, ocasionando un considerable aumento en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a nuestro planeta, lo que termina por favorecer el calentamiento global, eso sin mencionar la gran cantidad acumulada de residuos que en muchas ocasiones no han sido sometidos a tratamientos correspondientes de gestión de residuos y que son vertido a “cielo abierto”, ocasionando en consecuencia la contaminación de suelo, aire y en ocasiones hasta de cuerpos acuíferos.

Ante ello, algunos países como como los Países Bajos que desde hace ya varios años llevan implementado acciones, políticas y proyectos que fijan a la “economía circular” como un eje rector de desarrollo nacional de suma importancia, por ejemplo para el año de 2050 se espera que se cuente con una economía 100% circular y libre de residuos, de entre las acciones que se plantean para conseguir lo anterior se encuentra la construcción de todos los edificios gubernamentales con un esquema basado en “cero emisiones” y la proliferación de políticas que fomentan el uso de energía sostenible.

Por su parte, Francia ha promovido leyes como: “La Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde” o la “Ley contra el despilfarro” que promueven y adoptan un modelo de crecimiento sustentable. Ante esto, múltiples acciones han surgido para tratar de erradicar las prácticas de “obsolescencia programada” por las diversas compañías y empresas que las incorporan a sus procesos de fabricación y de manufactura, de entre las más importantes se destaca el uso de prácticas que contemplan una “economía circular”.

La “economía circular” comprende la extensión de la vida útil de productos u objetos que se comercializan, así como se favorece e ínsita a la reparación de los productos e incorpora una gestión adecuada tanto de residuos, como de componentes que por sus características pueden ser incorporados de nuevo al mercado.